Desde que se adoptaron las Convenciones de Río, los Pueblos Indígenas han participado en los procesos relacionados con el cambio climático, la desertificación y la biodiversidad y contribuyen de manera efectiva a las metas y objetivos adoptados por las Partes. En todos estos procesos, los Pueblos Indígenas no solo buscaron introducir lenguaje en las decisiones para garantizar que sus derechos sean plenamente reconocidos y promovidos, como los derechos a las tierras, territorios y recursos, el respeto a sus sistemas de conocimiento tradicional, el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y autodeterminación. Parte de la demanda constante de los Pueblos Indígenas, además del reconocimiento de derechos, es que se ponga a su disposición financiamiento adecuado y accesible para apoyar sus acciones climáticas autodeterminadas en el terreno, para combatir el cambio climático, la desertificación y la pérdida de biodiversidad. Ha habido algunos esfuerzos por parte de diferentes instituciones para establecer mecanismos de financiación que aborden esta demanda de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, se ha observado en un estudio encargado por Rainforest Foundation Norway1 , que menos del 1 % de la financiación llega realmente a los pueblos indígenas para asegurar los derechos de tenencia y gestionar los bosques en los países tropicales. Los gobiernos también deben reconocer la falsa dicotomía de los países desarrollados y en desarrollo con respecto a la financiación de iniciativas y acciones dirigidas a los Pueblos Indígenas. La realidad de los Pueblos Indígenas es que vivimos en todo tipo de regiones bioculturales y todos estamos experimentando la misma marginación de los Estados y sus instrumentos. Para los Pueblos Indígenas no hay diferencia donde estemos ubicados, ya sea en países desarrollados o en vías de desarrollo, nuestras formas de vida están amenazadas porque nuestros derechos a nuestros territorios y recursos no están garantizados ni respetados.

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