Las Mujeres Indígenas y nuestras reivindicaciones: de lo individual a lo colectivo
Como personas gozamos de derechos individuales. Pero la autodeterminación, la preservación de nuestra cultura y nuestras tierras son derechos que ejercemos colectivamente.
Luego de su divorcio, Sandra Lovelace Nicholas regresó junto a su hijo a la Reserva Tobique en Canadá de donde era originaria. Ahí se enteró de que, debido a su matrimonio con una persona no indígena, ella y su hijo habían perdido la identidad del Pueblo Maliseet y con ella, el acceso a la vivienda, salud y educación. Esto hizo que Lovelace Nicholas emprendiera una batalla legal que, luego de muchos años, marcó un hito en la lucha por los derechos de las Mujeres Indígenas.
Nuestra identidad es colectiva
La identidad indígena nace con las comunidades o naciones indígenas previas a los estados coloniales, pero actualmente es negada por muchos Estados. A pesar de que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en 2007 reconoce el derecho a la libre determinación, diversos países miembros de Naciones Unidas no han alineado su constitución a la Declaración para contemplarlo. Esto ha provocado situaciones de exclusión y discriminación; principalmente hacia mujeres, como el caso de Sandra Lovelace Nicholas.
“El derecho a la libre determinación significa descolonización para los Pueblos Indígenas”. Elsa Stamatopoulou, primera Jefa de la Secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, explica que para los Pueblos y las Personas Indígenas, la autodeterminación es un derecho humano que representa un punto de inicio para una reparación histórica.
Uno de los tres pilares que sostienen la Declaración de las Naciones Unidas es la autodeterminación. Con el reconocimiento de este derecho, reafirmamos nuestra identidad como naciones originarias. Contar con una identidad jurídica como Pueblos Indígenas nos permite preservar nuestros sistemas de gobierno y formas de vida, y ser partícipes del Buen Vivir. Esto se logrará siempre y cuando nos movamos en el marco de los derechos humanos. Los otros dos pilares abarcan los derechos culturales y de la tierra.
Lamentablemente, el no reconocimiento del sistema de gobernanza indígena es una forma de dominación por parte de los Estados, que invisibilizan a los Pueblos Indígenas. Lo podemos observar en las “estrategias nacionales de desarrollo” basadas en la extracción de recursos naturales y la exportación de estos en forma de productos primarios. Estas estrategias no toman en cuenta la consulta previa, libre e informada a nuestras comunidades.
El “desarrollo” sirve de pretexto para llevar a cabo proyectos que ponen en riesgo nuestra salud y atentan contra el medio ambiente. Por ejemplo: la extracción petrolera en la cuenca baja del Amazonas ha dejado desastres naturales incalculables en las comunidades Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Nazarhed. Tan solo un barril de petróleo puede contaminar casi 80 millones de litros de agua potable. Es decir, en el agua del río Utcubamba se han vertido 32 piscinas olímpicas de petróleo con la cantidad de un solo barril. Esto convierte al agua en veneno para toda forma de vida dentro y alrededor del río.
Según la cosmovisión indígena, el territorio es un órgano vivo que está profundamente relacionado con la armonía entre la comunidad, la familia y las personas. Por eso, las personas indígenas no hablamos de “desarrollo”, sino del Buen Vivir, que es una forma de reivindicación de nuestros saberes ancestrales y nuestros principios éticos para garantizar nuestras vidas.
Para Andrea Carmen (Yaqui), Directora Ejecutiva Internacional del Consejo de Tratados Indígenas, las personas indígenas tenemos derechos individuales solo por el hecho de ser personas, pero el derecho a la libre determinación, a la tierra, a preservar nuestras lenguas y a nuestra cultura, son derechos que se ejercen colectivamente. Por eso, para las personas indígenas es importante hablar tanto de derechos individuales como colectivos, porque nuestra identidad es colectiva.
Los derechos individuales también deben ser respetados
El reconocimiento de nuestros derechos colectivos como Mujeres Indígenas debe acompañarse del respeto por nuestros derechos individuales. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas indica que estos pueblos deben respetar los derechos humanos de las personas indígenas que los conforman, es decir, que la identidad y los derechos indígenas no pueden ni deben ser impuestos sobre una persona. Sumado a eso, los deberes políticos que se demanden de las personas indígenas según su sistema de gobernanza deben cumplir con las normas internacionales de derechos humanos.
En ese sentido, las Mujeres Indígenas nos hemos pronunciado contra la discriminación específica a la que estamos expuestas dentro y fuera de nuestros territorios. De hecho, el Documento de posicionamiento político y plan de acción de las Mujeres Indígenas del mundo, adoptado en la Conferencia Global de Mujeres Indígenas, se refiere al acceso limitado a la educación y a la salud para nosotras y nuestras niñas. Señala, además, que somos nosotras las que registramos las tasas más altas de pobreza, mortalidad infantil y materna. En este documento reconocemos, además, que estamos sujetas a distintas formas de violencia, como la violencia doméstica y el abuso sexual, en contextos de trata, conflictos armados, violencia ambiental, política y de parte de las industrias extractivas.
Uno de los casos que ejemplifica la triple discriminación es lo sucedido entre los años 60 y 70 en Groenlandia. En ese momento, el Gobierno de Dinamarca decidió implantar métodos anticonceptivos en, aproximadamente, 4500 Niñas y Mujeres Indígenas sin su consentimiento para evitar el crecimiento de la Población Indígena Inuit y promover “la modernización” de la isla. Esta práctica es considerada como una vulneración de los derechos humanos de las niñas y mujeres que, a su vez, tuvo una repercusión colectiva para el Pueblo Indígena Inuit, ya que se estima que durante esa época, los embarazos se redujeron a la mitad: de 1674 en 1964 a 638 diez años más tarde.
Como Mujeres Indígenas somos conscientes de que a través del tiempo se ha intentando dominar a nuestros pueblos a través de nuestros cuerpos; por eso, es importante para nosotras y para nuestros pueblos alcanzar la justicia reproductiva y que a través de ella, se reconozca nuestro derecho a no querer ser madres, a querer serlo y a criar a nuestras hijas e hijos en ambientes seguros y saludables.
Con la frente en alto, las Mujeres Indígenas seguimos el camino trazado por Sandra Lovelace Nicholas hace cuarenta años. Juntas combatimos la violencia sobre las tierras, sobre la cultura ancestral y sobre los cuerpos; defendemos nuestros derechos, tanto individuales como colectivos.
